Lima, 8 feb (EFE).- La política antidrogas que se ha aplicado en los últimos cuarenta años en Latinoamérica, con apoyo de Estados Unidos, ha fracasado y debe reformarse, afirmaron hoy en Lima expertos en el tema.
Especialistas de México, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, los Países Bajos y Estados Unidos participaron en la conferencia "Las Reformas en América Latina en la Legislación sobre Drogas".
Al referirse al tema, la investigadora Pien Metaal, del Transnational Institute de los Países Bajos (TNI), dijo que la legislación en Europa ofrece lecciones aprendidas de un sistema menos punitivo.
"Hay una tendencia en la región hacia la descriminalización del porte de drogas para el consumo personal. La descriminalización trata de impedir que los consumidores acaben en la cárcel, pues el consumo es un tema de salud, no del sistema carcelario", explicó Metaal.
La experta europea remarcó, sin embargo, que las reformas también buscan "que los sistemas de justicia se enfoquen en los grandes traficantes, en vez de en los eslabones más bajos de la cadena del tráfico, aquellos que entran al negocio por pobreza: agricultores, mulas, consumidores".
Al respecto, Coletta Youngers, investigadora afiliada a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), consideró que en Estados Unidos se empiezan a dar "pasos interesantes hacia el cambio".
Indicó que el poco tiempo que tiene la administración de Barack Obama no permite un análisis concluyente, pero se puede ver que existe una posición favorable a los cambios en la política interna y en la visión de la que se aplica en los países latinoamericanos.
"La administración de Obama ha observado tranquila las reformas que están sucediendo en América Latina, incluso está considerando cambios a su propia política interna, entre ellos poner más énfasis en la prevención y el tratamiento", explicó.
Durante la conferencia, se destacaron las reformas en las leyes contra las drogas que se están implementando en países como Ecuador, Argentina, México, Chile, Brasil y Bolivia.
Mención especial se le dio a la decisión boliviana de incluir en su nueva Constitución a la hoja de coca como patrimonio cultural y que la Corte Suprema de Argentina haya considerado inconstitucional que se fijen sanciones criminales por la posesión de pequeñas cantidades de droga para uso personal.
Los expertos admitieron, empero, que las reformas generalmente están acompañadas del temor a que el consumo de drogas se incremente, un efecto que no tiene relación con los castigos que se puedan imponer, según dijeron.
En el caso del Perú, el experto Ricardo Soberón, del Centro de Investigación "Drogas y Derechos Humanos" (CIDDH), enfatizó que las políticas de drogas de los últimos 40 años no han sido efectivas.
Añadió que el debate entre prohibición y legalización "se debe dar" y destacó que el asunto figure en la agenda pública, a partir de propuestas como las del escritor Mario Vargas Llosa, quien planteó legalizar el consumo de drogas para luchar contra el tráfico ilícito.
Al respecto, Youngers aclaró que Wola "no está a favor de la legalización, pero sí de la reglamentación", a partir de la distinción entre los diferentes tipos de drogas.
La celebración del seminario en Lima permitirá también la presentación de la declaración de la CIDDH "Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma".
Entre otros temas, la declaración considera que la actual lucha contra el narcotráfico es "una guerra perdida", pide "romper el silencio (y) abrir el debate", plantea los "límites y efectos indeseables de las estrategias represivas" y la búsqueda de "un nuevo paradigma" en la visión latinoamericana sobre el tema.
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